El Brexit ha generado un impacto significativo en los derechos y regulaciones para los ciudadanos británicos que residen en España. Desde el 1 de enero de 2021, el Reino Unido dejó de ser parte de la Unión Europea, lo que llevó a cambios importantes en la legislación migratoria y fiscal para los nacionales británicos y sus familias.
Residencia para Ciudadanos Británicos
Los ciudadanos británicos que residían legalmente en España antes del 31 de diciembre de 2020, bajo el Acuerdo de Retirada, mantienen derechos similares a los ciudadanos de la UE. Estos derechos incluyen la residencia y el acceso a servicios sociales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, para beneficiarse de estas protecciones, deben obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), que les identifica como beneficiarios del Acuerdo de Retirada. Esta tarjeta será esencial para evitar futuros problemas en el cruce de fronteras y con los nuevos sistemas de control como el Entry/Exit System (EES) y el ETIAS, que se implementarán a partir de 2024 y 2025 respectivamente.
Cambios para Nuevos Residentes
Los ciudadanos británicos que deseen mudarse a España después del Brexit están sujetos a las normativas generales de inmigración aplicables a los países no comunitarios. Esto incluye la necesidad de solicitar visados de residencia, trabajo o estudios según su situación específica. Además, hay opciones como la Golden Visa para aquellos interesados en invertir en España, como adquirir propiedades.
Impacto en el Trabajo y Negocios
Los ciudadanos británicos que desean trabajar en España ahora necesitan un permiso de trabajo o visado específico, ya sea como empleados, autónomos o empresarios. Además, los negocios británicos que operan en España enfrentan nuevas regulaciones, incluyendo requisitos fiscales y comerciales diferentes a los establecidos previamente bajo las directivas de la UE.
Consideraciones Fiscales
Aunque el convenio de doble imposición entre España y el Reino Unido sigue vigente, los residentes deben prestar atención a los cambios en la residencia fiscal y otros impuestos, como el impuesto sobre el patrimonio y la declaración de bienes en el extranjero. Estas normativas pueden generar penalizaciones importantes si no se cumplen correctamente.
En general, el Brexit ha incrementado la complejidad de la movilidad para los británicos en España, exigiendo mayor planificación y cumplimiento de nuevas normativas para garantizar sus derechos y deberes en el país.
